A mediados del siglo XIX la economía colombiana estuvo sujeta a ciclos en su comercio internacional que se tradujeron en fluctuaciones monetarias y en notorias variaciones en los ingresos del gobierno (por la importancia de la renta de aduanas dentro de sus ingresos totales), aspectos todos estos que tuvieron repercusiones sobre el nivel de la actividad económica.
Como es de esperar, esos ciclos de exportaciones no se daban en el vacío respecto a la organización política y social. Después de la guerra de independencia los comerciantes abogaron por el rompimiento de las reglas coloniales que obstaculizaban la movilidad de los factores productivos e imponían toda suerte de limitaciones a los flujos de bienes desde y hacia el interior del país.
Como parte del desmantelamiento de las estructuras coloniales y del asentamiento de un movimiento comercial más libre, desde mediados del siglo XIX se puso en práctica un conjunto de reformas políticas y económicas, entre las cuales cabe mencionar: la abolición y reducción de algunos impuestos; la liberación del mercado de tierras, en especial mediante la desamortización, es decir, la conversión de la propiedad predial eclesiástica en propiedad privada; la abolición de la esclavitud; la descentralización de tipo fiscal y administrativa y la promoción de mejoras en la infraestructura vial, fluvial y portuaria.
Las reformas mencionadas culminaron con la expedición de la Constitución de 1863, que consagró la total descentralización política y redujo la intervención estatal a un mínimo. Desde un punto de vista económico, ese estado “lasseferista” impulsaba la movilidad de los factores de la producción al liberar la mano de obra y el uso del capital. En ese contexto de libertad económica se inscribe el surgimiento de la banca privada, cuya primera manifestación fue la creación del Banco de Bogotá.
Esta institución y las que más tarde surgieron nacieron al amparo de la ley 35 de 1865, que dio a los bancos que se crearan en la República la libertad de emitir billetes, admisibles como dinero en pago de los impuestos y derechos nacionales y, en general, en todos los negocios propios del Gobierno nacional. Los facultó, además, para conceder créditos; recibir del Poder Ejecutivo las sumas que le pertenecieran al Tesoro Nacional; y, contratar con ellos el pago a los acreedores de la nación, mediante el reconocimiento de una comisión que no podía exceder del 1% de tales pagos.
Para tener derecho al privilegio de emitir billetes por veinte años, las instituciones bancarias debían mantener en circulación un valor en billetes al portador no superior al doble de los fondos en metálico mantenidos en caja, aceptar la supervisión gubernamental sobre el particular y convertir en dinero metálico los billetes que le presentaran para el cambio sus tenedores.
Puede decirse, entonces, que la ley 35 de 1865 instauró en Colombia la banca libre, esto es un sistema monetario en el que bancos privados emiten billetes redimibles por una moneda metálica, cuyas características son definidas por el Estado. Ese fue un cambio profundo en la institucionalidad monetaria y también en la crediticia, pues puso en manos de particulares el crédito antes únicamente en manos de la Iglesia.
De esta manera la circulación monetaria se configuró, en adición a la moneda metálica, con billetes emitidos por los bancos privados, dando inicio en nuestro país a la moneda fiduciaria o moneda de papel, representativa de la moneda metálica. Ello es así pues, como se verá enseguida, anteriores intentos para poner en circulación moneda de papel tuvieron un carácter bastante restringido.
En 1813 Germán Gutiérrez de Piñeres, presidente de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenó en esa ciudad la emisión de 300.000 pesos con denominación de un real, sin mayores medidas de seguridad por cuanto para su impresión se empleó papel común. En 1821, con el fin de pagarle a los empleados públicos su salario, a través de un decreto se estableció que el Vicepresidente de Cundinamarca podía emitir libranzas de 6, 12, 18 y 24 pesos, admisibles en pago de la sal que se producía en Zipaquirá, Nemocón y Tausa.
En 1838, durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, se autorizó a la Tesorería General de la República para emitir y poner en circulación billetes de Tesorería de 5, 10, 20, 25, 50, 75, 80 y 100 pesos, con el fin de pagar a los empleados y acreedores de la República que voluntariamente quisieran recibirlos. Tales billetes eran admisibles como pago en las oficinas de recaudación del Estado y convertibles por su equivalente en moneda metálica, a voluntad de los tenedores.
En 1847 Florentino González obtuvo del Congreso la aprobación de una ley que autorizó la creación de un banco privado con el nombre de Banco de la Nueva Granada, el cual no operó porque los hombres de negocio llamados a ser sus accionistas, por razones de distinta índole, se vieron incapacitados para capitalizarlo. No obstante ese fracaso, en 1848 el Presidente Tomás Cipriano de Mosquera autorizó a las Tesorerías del centro y sur del país para emitir dos tipos de billetes: los representativos de plata, con valores de 40, 80, 160, 200, 400, 600 y 800 pesos, redimibles por su equivalente en monedas acuñadas en dicho metal, y los representativos de oro, también redimibles en moneda de ese metal, en denominaciones de 5, 10, 25 y 50 pesos. Todos esos billetes fueron admisibles en pago de los tributos y se entregaron a quienes voluntariamente quisieron recibirlos en pago de las acreencias de la nación.
Mediante leyes de 1851 y 1852, el Presidente José Hilario López decretó la emisión y amortización de unos billetes destinados al pago de la deuda de manumisión contraída por el Gobierno, hasta ese entonces no pagada.
Tomás Cipriano de Mosquera, urgido por pagar los gastos de la guerra de 1860, mediante el decreto 2591 de 1861, autorizó a la Tesorería General de los Estados Unidos de la Nueva Granada, para emitir billetes de Tesorería hasta por 500.000 pesos, con denominaciones de 1, 2, 3, 10, 20, 50 y 100 pesos; billetes que serían admisibles por su valor nominal en pago del 50% de los derechos de importación, del 60% del valor de la sal que se comprara en las salinas explotadas por el Estado y del 100% de los derechos de exportación.
Inicialmente estos billetes solamente eran de obligatorio recibo, por su valor nominal, por parte de los acreedores del Gobierno, excepto los extranjeros, y por los acreedores de los empleados del Gobierno. Para los acreedores de particulares el recibo de los mismos era voluntario. Ante su escasa aceptación el Poder Ejecutivo decretó su recibo obligatorio, con lo cual el curso forzoso se instituyó por primera vez en nuestro país, por un breve período.
Para que esa disposición se cumpliera, y a fin de evitar la depreciación del billete, se dispuso que quien lo negociara con un descuento superior al 2% de su valor nominal, estaba sujeto a penalidades tales como el desconocimiento de sus derechos ciudadanos, multas de diez hasta mil pesos o la pérdida del empleo en el caso de los empleados públicos. Pese a las disputas que Mosquera sostuvo con los tribunales, la medida fue ineficaz para preservar el valor de los billetes y por ello, en 1863, el Gobierno decretó la pérdida de su carácter de moneda legal y a partir de entonces fueron amortizados como deuda de la nación y se retiraron de la circulación.
De nuevo en 1866, siendo Mosquera Presidente, el Gobierno obtuvo autorización para emitir billetes de Tesorería y en ese mismo año para establecer el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, concebido como una institución de emisión, giro, depósito y descuento y, como tal, autorizado para emitir billetes aceptables en pago de los impuestos excepto en la parte correspondiente a la amortización del crédito externo. Esta institución tampoco alcanzó un desarrollo cabal.
Ordenadas, de una u otra forma, para atender gastos del Gobierno, y no para regular el circulante, todas estas emisiones de billetes tuvieron escasa significación por su pequeña cuantía o por el fin específico a que fueron destinadas, lo que las hizo salir pronto de la circulación. Por ello puede afirmarse que fue solamente a partir de la creación del Banco de Bogotá, y en virtud de la libertad de emisión consagrada en la ley 35 de 1865, que se instituyó en Colombia la circulación del billete de banco.
El Banco de Bogotá, constituido por escritura pública 1923 de la Notaría Segunda de Bogotá de 15 de noviembre de 1870, inició operaciones a principios de 1871 con un capital de 235.000 pesos, representados en acciones nominales de 2.500 pesos y acciones al portador de 100 pesos cada una. Sus principales accionistas fueron Bendix y Salomón Koppel, Carlos Schloss, Miguel Samper, Manuel Murillo Toro, Carlos O’Leary, Eusebio Bernal y Mariano Tanco. Este banco alcanzó depósitos en cuentas corrientes de un poco más de 10.000.000 de pesos en el segundo semestre de 1875 y para la misma época puso en circulación billetes por 776.935 pesos, en denominaciones de 5, 10, 50 y 100 pesos.
Las indicadas cifras de depósitos y billetes en circulación representaban más de un 400% de incremento respecto de aquellas con las que inició sus operaciones en 1871 y, como tal, dan cuenta de la rápida expansión que tuvo el Banco de Bogotá y de su éxito inicial. Un hecho que también se reflejó en la proporción de dividendo a capital, la cual alcanzó 37,5% en 1871 y 40% en 1875.
A la creación del Banco de Bogotá siguieron las del Banco de Antioquia y el Banco Santander en 1872; el Banco de Barranquilla y el Banco del Cauca en 1873; el Banco de Bolívar y el Banco Mercantil en 1874, y la del Banco de Colombia en 1875. A partir de entonces y hasta 1886, año en que empieza a declinar la banca privada por las razones que se examinarán más adelante, se fundaron un total de 30 bancos, como se muestra en la Tabla 1.
No obstante ese gran número de bancos, cabe destacar que desde siempre existió una marcada concentración del capital y de los depósitos en unos pocos de ellos. A título ilustrativo, en 1888 el Banco de Bogotá concentró el 84,3% de la existencia de metálico en los establecimientos bancarios de Bogotá y el 53,2% del total del país.
Adicionalmente, existe consenso entre los tratadistas en que, como en el caso del Banco de Bogotá, los principales accionistas de los bancos privados fueron comerciantes ligados al comercio exterior y en que estas instituciones ayudaron a ampliar la oferta monetaria, a pesar del carácter local y restringido de la circulación de los billetes de muchos de ellas.
Sobre la importancia cuantitativa de la circulación de los billetes de los bancos particulares Guillermo Torres García anota: “El señor Aquileo Parra, en su ‘Memoria de Hacienda’ de 1874 habla de la extensa circulación que tenían los billetes del Banco de Bogotá; el señor Nicolás Esguerra en la suya del Tesoro de 1875, anota el hecho de que los bancos, por medio de sus billetes, prestaron a la industria servicios muy importantes y suplieron con ventaja la escasez de moneda que se sentía a causa de la exportación de numerario a los mercados europeos; el señor José María Villamizar Gallardo, en su ‘Memoria del Tesoro’ de 1876, opina que si los billetes de banco de entonces no hubieran suplido la falta de moneda, las transacciones habrían sufrido una ‘completa paralización’; iguales conceptos, poco más o menos, expresa el señor José María Quijano Wallis en su ‘Memoria del Tesoro’ de 1878; los señores Emigdio Palau y Simón de Herrera, como Secretario del Tesoro en 1879 y 1881, respectivamente, se expresan en los términos más favorables acerca de los billetes de banco”. [Torres García (1980), pp.88-89].
Pese a estas manifestaciones sobre los saludables efectos del establecimiento de la banca privada, es de anotar que estas instituciones experimentaron crisis comunes de credibilidad en 1876-1877, en 1879 y a comienzos de los años ochenta. La primera y la última de esas manifestaciones coincidieron con crisis externas y la de 1879 tuvo como causa la inestabilidad política provocada por rumores sobre una nueva guerra civil. Como resultado de estas crisis se presentaron dificultades para convertir los billetes en metálico en el caso del Banco de Bogotá a fines de 1876 y principios de 1877. De igual manera, en 1876 hubo un pánico monetario en Medellín y en 1878 el Banco Mercantil de esa ciudad hubo de cerrar sus puertas.
Inicialmente la creación de los bancos privados llevó a una reducción en la tasa de interés nominal que luego se estabilizó entre 1871 y 1875. En 1876, con ocasión de la crisis externa, esas tasas sufrieron un alza importante que se revirtió rápidamente para finales de la década. Durante los ochenta, y hasta el momento en que se decretó su control por el Gobierno, la tasa de interés nominal mostró incrementos moderados. Esas fluctuaciones no fueron, sin embargo, significativas cuando se comparan con las variaciones en los precios y por ello es preciso concluir que la tasa de interés real estuvo gobernada por las fluctuaciones de la inflación.
Aun cuando las cifras sobre esta última variable son precarias, los tratadistas tienden a señalar que la inflación fue decreciente entre 1871 y 1880 y que por lo tanto la tasa de interés real subió en ese período. La inflación desde luego se asociaba al ciclo exportador, por la influencia que éste tenía sobre la oferta monetaria, a la inelasticidad de la producción agrícola y a fenómenos políticos como las guerras civiles, cuando era normal que escaseara la producción de alimentos.
